Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, ha demandado al Departamento de Justicia por 100 millones de dólares, alegando que la redada y el registro en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, en 2022 fueron inconstitucionales y destinados a dañar su reputación. La demanda, presentada bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA), sostiene que la intervención del FBI en su propiedad buscó una «persecución política».
Trump, actual candidato republicano a la presidencia, afirma que la investigación sobre la retención ilegal de documentos confidenciales es un intento de desacreditarlo. La demanda considera el registro del FBI en Mar-a-Lago en agosto de 2022 como una «conducta tortuosa» por parte del gobierno de Estados Unidos.
A pesar de la demanda, el caso fue desestimado el 15 de julio por la jueza de Florida Ailenn Cannon, nominada por Trump durante su presidencia. La jueza argumentó que Jack Smith, el fiscal especial a cargo de la investigación, no fue designado legalmente, lo cual, según ella, «viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos». El caso está actualmente en apelación.
Smith, designado como fiscal especial tras el registro en Mar-a-Lago, ha presentado 37 cargos criminales contra Trump relacionados con el manejo indebido de documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca. Los cargos incluyen la retención deliberada de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas. Trump se ha declarado «no culpable» de todos los cargos.
